La muerte de una joven de 27 años que decidió quitarse la vida a raíz de una situación de acoso que estaba viviendo expuso nuevamente aparentes fallas del sistema a la hora de proteger a las víctimas de acoso y violencia y causó conmoción en la provincia. Karla Robles decidió quitarse la vida mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social TikTok el viernes de la semana pasada.

El aspecto más doloroso y que generó mayor indignación es la presunta inacción de la Justicia de Tucumán ante las denuncias previas de Karla. Aunque los detalles precisos de su acoso varían, la constante es que Robles venía atravesando un profundo sufrimiento a causa de situaciones de hostigamiento, sindicando a un hombre identificado como Ricardo Zerda como el autor de los ataques. La joven había hecho públicas sus denuncias, asegurando que había sido víctima de acoso y que, a pesar de haber acudido a las autoridades, sus peticiones de ayuda y protección no fueron escuchadas.

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La tragedia puso el foco en la responsabilidad de los funcionarios que, al desestimar o demorar la acción sobre las denuncias, pudieron haber contribuido indirectamente al desenlace fatal de la joven. El caso reavivó el debate sobre la falta de eficacia del sistema judicial y policial de Tucumán en la tramitación y seguimiento de denuncias sensibles, especialmente aquellas vinculadas a acoso y violencia. Tras la muerte de Karla Robles, grupos de activistas se movilizaron exigiendo justicia y cambios profundos en los protocolos institucionales. Se demandó una investigación exhaustiva no sólo sobre el sospechoso o las situaciones que la llevaron a la muerte, sino también sobre la cadena de responsabilidades dentro del sistema judicial y policial que ignoró sus denuncias. Se exige una mayor concientización, la implementación de protocolos de prevención de acoso (especialmente el ciberacoso y el acoso escolar), y la creación de mecanismos de contención psicológica que sean accesibles y efectivos para los jóvenes.

El abogado Augusto Avellaneda, quien representa a la familia de la joven, afirmó que “en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas. Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él”. “Ambas causas terminaron siendo archivadas por el fiscal Zapata”, remarcó el letrado. Y agregó: “después que estallara el caso y su madre lo denunciara en las redes sociales, aparecieron otras mujeres denunciando que también habían sido víctimas de violencia de género”. Avellaneda explicó que “una amiga estaba haciendo un vivo en Tik Tok. Ella ingresó y puso que no aguantaba la vida que llevaba.  Que se mataría porque estaba harta de la presión que sentía por el hostigamiento y las amenazas que recibía por parte de su pareja. ‘Prefiero matarme antes que él mate a mí mamá y a mí hermano’ les dijo antes de tomar la drástica decisión”.  “Entendemos que ella no recibió la protección necesaria por parte de la Justicia. Ahora pretendemos que se acuse al señalado por instigación al suicidio”, afirmó. Según él, se presentaron cuatro testimonios “que deben ser considerados claves: en primer lugar, las declaraciones de las amigas que estaban en el vivo y el informe de una de las profesionales que la atendió por los problemas que tuvo por la vida que llevaba”. Avellaneda afirmó que “pretendemos que la fiscalía pida la detención del acusado para proteger el proceso. Las personas que declararon tienen miedo de sufrir represalias por su participación en el caso”.

En un comunicado oficial, la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, a cargo de Pedro Gallo, informó que se busca determinar las circunstancias en la que se produjo el fallecimiento de Robles.  “Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares que han sido secuestrados junto con el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía de la provincia”, adelantó Gallo, titular de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, en relación a la muerte de la joven.

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“Se tomó intervención inmediatamente cuando se nos comunicó el hecho por lo que dispusimos medidas para seguir avanzando”, agregó el representante del MPF, quien además informó que ya se recibieron declaraciones de testigos y vecinos.

"Estamos abocados a establecer si en la muerte hubo intervención de terceros o responsabilidades de otras personas, es decir, determinar las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento”, concluyó el investigador.

Avellaneda indicó que “él la obligó a eliminar una foto y le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”.

La familia de Karla está convocando para mañana a las 10.30 a una marcha en calle España al 400, frente a la sede del fuero penal.